¿Qué vale más en nuestros sistemas socioeconómicos? ¿Los votos que realizamos como votantes o los euros que gastamos como consumidores? La pregunta no es baladí, puesto que de ella depende nuestro futuro, el de nuestros hijos, y el de nuestro sistema.

Resulta obvio pensar que lo que regula la realidad socioeconómica de un país es su sistema político. Pero también resulta obvio que lo que estructura su sociedad es la economía. Ambas convergen en uno de los temas centrales que me encanta tratar con ustedes en este blog: la socioeconomía. Es cierto que según el país del que hablemos, hay casos en los que la política y la economía se fusionan en una sola; sin ir más lejos, por ejemplo, en sistemas totalitarios. Pero hoy en día, la frontera entre política y economía es tan tenue en la mayoría de los casos, que podríamos aventurarnos a decir que incluso muchas veces la economía gobierna la política de nuestros países.

No tengo a priori nada en contra de que la economía regule nuestros designios. De hecho, pienso que la economía es la base de todo, puesto que sin ella no hay ni educación, ni sanidad, ni políticas sociales, etc. En todo caso, lo único que me gustaría plantearme con ustedes en este post de hoy es la sostenibilidad a largo plazo de una sociedad dirigida por el dinero, además de reflexionar sobre si se trata de una opción justa para sus ciudadanos. A pesar de que es a lo que les tengo acostumbrados, en este análisis de sostenibilidad y justicia no voy a ir por partes. En este caso no. Considero que, en el tema de hoy, ambas cosas son dos caras de una misma moneda, tal y como quedará demostrado más adelante.

Desde el punto de vista económico, nuestro sistema es una plutocracia. Así como todos los votos valen lo mismo en la urna (matizable conceptualmente según el nivel de información y lo razonable de cada votante en cuestión), todas las decisiones de compra no valen lo mismo. Se puede afirmar que en nuestra economía se impone lo que más beneficios da, que suele coincidir con lo que más se vende. Pero hoy en día esta propagación no afecta sólo a productos a la venta, sino también a imagen de empresa, modelo de gobierno corporativo, filosofía empresarial, condiciones laborales, y un largo etcétera. Si compran ustedes productos a compañías con malas condiciones laborales y que exploten el trabajo infantil, están ustedes contribuyendo a que su modelo empresarial se imponga. Tenemos por lo tanto que lo que ustedes compren con su dinero, es lo que ustedes están “votando” para que se extienda como un reguero de pólvora en nuestro sistema. El problema viene en la palabra “votando”, que acabo de utilizar entrecomillada adrede. Este “votando” no es como el voto en la urna. El que más compra, y por lo tanto el que más decide qué se impone en la sociedad, es el que más capacidad de compra tiene, es decir, el que posee más dinero o activos.

Sinteticemos un poco: tenemos que vivimos en un sistema en el que los intereses económicos gobiernan mayormente la política, en el que a su vez la economía viene articulada en base a los beneficios que consiguen las empresas, y estos a su vez emanan de las decisiones de compra de los consumidores, y el que más tiene más decide (porque aunque no compre un producto, si ahorra el dinero, al final lo invertirá aunque sea en una cuenta bancaria, y eso ya es poder de decisión). Llegamos al quid de la cuestión. ¿Es justo que el que más dinero tiene tenga más poder en el sistema? Yo no seré el que les conteste. Se van a contestar ustedes mismos. ¿Cuál es la definición de democracia según la Real Academia Española?: “Predominio del pueblo en el gobierno político de un Estado”… la pregunta obvia ahora es ¿Qué es el pueblo?… de nuevo la RAE dice “Conjunto de personas de un lugar, región o país”. Tenemos por lo tanto que, en una democracia, la política ha de venir determinada predominantemente por el conjunto de los habitantes del país. En un país con clase media predominante, esto se cumplirá a grandes rasgos. ¿Pero qué ocurre en un país donde no hay clase media predominante? Señores, que si entonces la capacidad económica rige los designios como hemos concluido antes, no hay democracia.

Pero estamos hablando de justicia, teniendo claro que hoy en día se acepta que la democracia es el sistema más justo (o el menos injusto) para el conjunto de los ciudadanos. ¿No hablábamos antes también de sostenibilidad? Recuerden que antes les decía que eran dos caras de la misma moneda. ¿Creen que es casualidad que los países con mayores diferencias sociales sean los países en los que hay más inestabilidad social? ¿Acaso no creen que la injusticia lleva a la movilización de las clases más desfavorecidas?… He ahí la insostenibilidad de un sistema injusto. Cuando una parte importante de la población no tiene nada que perder, y no ve futuro ni para sí ni para sus hijos, es proclive a pensar que no puede estar peor y que cualquier otra solución es mejor que la presente, por muy radical que sea. Y la pena es que las soluciones radicales se sabe cómo empiezan pero no cómo acaban. Eso sí, lo comparta o no, no seré yo el que les culpe por pensar así cuando ya no saben ni cómo explicarles a sus hijos por qué no tienen nada en el plato, ni para qué hay que esforzarse en el colegio.

Tras el párrafo anterior, si en un país se deteriora la situación económica y se polariza la sociedad entre muchos pobres y unos pocos ricos, ¿Se puede decir que hay democracia real? ¿Es un sistema socioeconómico justo? Y… ¿Es sostenible? Espero que por fin, tras haber llegado al final de este post, tengan ustedes mismos ya las respuestas a estas tres preguntas clave sobre nuestro futuro. Yo las tengo, pero las mías valen tanto como las suyas, eso sí, siempre que se informen adecuadamente y reflexionen antes de formarse una opinión. En ese caso estaremos en igualdad de condiciones.

Sígueme en Twitter: @DerBlaueMond